La Paz, 30 de abril de 2024 (ANF).- Parlamentarios de oposición cuestionaron el fallo que dejó sin efecto la preselección de postulantes a las elecciones judiciales y responsabilizan al gobierno por la paralización del proceso.
Enrique Urquidi, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, afirmó que la anulación del proceso es absoluta responsabilidad de Luis Arce. Aseguró que desde un principio, el gobierno de Arce buscaba suspender las elecciones judiciales a punta de amparos constitucionales.
“A punta de amparos constitucionales, a punta acciones constitucionales, el MAS ha logrado su objetivo de suspender el proceso de preselección y prácticamente mandar por la borda la posibilidad de tener lecciones judiciales. Esta es una responsabilidad exclusiva del gobierno de Luis Arce, el presidente Arce y su Gobierno son los únicos responsables de la situación en la que estamos”, remarcó.
Agregó que mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS) siga en el poder, no se realizará la reestructuración a la justicia.
“No habrá ningún cambio en la justicia boliviana mientras el MAS continúe en el poder, no habrá ninguna posibilidad de tener judiciales mientras el MAS este en el poder, de eso tenemos que estar seguros. La única manera de cambiar la justicia es con un Gobierno democrático que tenga genuina voluntad de cambiar la justicia y no someterla como lo hizo el MAS”, dijo.
El diputado de CC, Marcelo Pedrazas, cuestionó la resolución de la Sala Constitucional Primera de Cobija que frena el proceso de preselección de candidatos para las judiciales en el país. Dijo que la Asamblea Legislativa no tiene por qué cumplir un fallo que solo busca sabotear las elecciones judiciales.
“Desde que las exautoridades del Órgano Judicial decidieron autoprorrogarse, no existe en el país Estado Constitucional de Derecho; en ese sentido, la Asamblea Legislativa no tiene por qué cumplir una resolución de un juez que solo pretende sabotear una elección judicial y que inclusive utiliza mecanismos que no son los idóneos para conceder la tutela a quienes la habían planteado”, señaló.
Por su parte, el senador Miguel Rejas calificó de “aberración” la decisión de dos vocales en Pando de suspender el proceso de preselección judicial.
“Pisotea totalmente a la Asamblea. Es una aberración de parte de estos vocales que han dado la tutela a favor de esta señora que ha presentado la acción popular”, indicó.
Reiteró que esa decisión es na aberración a la Constitución Política del Estado.
La senadora Andrea Barrientos, también se sumó al repudio contra la tutela que frena las judiciales. Agregó que el Gobierno busca tumbar el proceso de preselección de candidatos.
“Queremos dejar claramente establecido que tumbar el proceso es parte de la decisión del Gobierno y del Órgano Judicial. La vocal Celsa Salazar ha sido candidata a diputada el año 2014 por el MAS-IPSP, pero además la tutela que ella le está entregando tumbando el proceso de preselección de candidatos no tiene ningún sentido”, criticó.
Este martes, la Sala Constitucional Primera de la ciudad de Cobija, del departamento de Pando, determinó dar curso a la acción popular y anuló todo el proceso de preselección de candidatos a magistrados al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y que la Asamblea Legislativa emita una nueva convocatoria.
La acción popular fue presentada por la presidenta de la Central Indígena de Mujeres Amazónicas de Pando, Yeny Dury Bautista, exdiputada suplente del MAS en la anterior legislatura. La demanda pidió una nueva convocatoria que tenga reglas especiales para las mujeres indígenas de ese departamento.
La sala estaba compuesta por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán, quienes consideraron que existe una vulneración de los derechos a la igualdad de las mujeres de los pueblos indígenas para participar en ese proceso de preselección.
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