El 20 de enero de 2023, la CorteI-DH dio lectura a la sentencia en la que condena y responsabiliza al Estado boliviano por la desaparición forzada de Juan Carlos Flores Bedregal durante la dictadura de 1980.
Lamenta que ningún investigador haya aplicado un método de investigación cualitativa en su caso, y, por el contrario, solo buscaron incriminarlo al hacerlo “confesar” torturándolo, suplicio del que participaron los fiscales Ferrufino y
El abogado defensor de los Derechos Humanos, Gary Prado consideró que el Ministerio Público debe actuar con total independencia cuando se investigue a Evo Morales.
Internas de penales, como Morros Blancos de Tarija, también cuestionaron la falta de capacitación de los policías penitenciarios que, según dijeron, carecen de conocimiento de las normativas y los derechos que les asisten a las privadas.
En enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) hizo pública una sentencia por la cual halló al Estado de Bolivia responsable internacionalmente por la desaparición forzada de Flores Bedregal.
Fuentes indicó que, en su tarea de velar por la defensa y protección de los derechos humanos dentro de las unidades militares, su dirección viene haciendo visitas e inspecciones a todas las unidades.
La comunidad Tototal Chico en el ayllu Acre Antequera, en Oruro y el Valle de Zongo, en La Paz, han denunciado que actividades mineras atropellan sus derechos.
El apicultor dijo que su corazón estaba bien, pero le comenzó a doler de una forma rara desde el 17 de julio de 2014, cuando fue sometido a una cruel tortura a manos de policías y militares, instituciones que han naturalizado este delito.
Para el IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses), dependiente de la fiscalía, los daños sufridos por Apaza no significan días de impedimento laboral, según se lee en la valoración médica realizada.
EXCLUSIVA. Tóásó y otros ciudadanos demandaron al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad que estableció que durante el proceso contra ellos se cometieron "graves violaciones de derechos".
El falló ordenó al Estado uruguayo la indemnización de 230.000 dólares a Melgar porque permaneció 1.351 días preso en Uruguay, a la espera de una extradición tramitada por Bolivia.
